La Policía Federal, desaparece hoy luego de 90 años de existencia. La corporación encargada de tareas de Seguridad Pública, la cual cambió de nombre en el 2009 por el que se le conoce ahora; se extingue en medio de deudas y acusaciones de corrupción, tortura y abuso de poder.
Las deudas y demandas por indemnización las heredará la Guardia Nacional, cuerpo de seguridad que sustituye a la Policía Federal. Hasta el pasado 31 de agosto, los adeudos de la corporación ascendían a más de 1.870 millones de pesos, de acuerdo a un información solicitada por a la Unidad de Transparencia. Esta cifra se divide en dos rubros: lo que corresponde a ejercicios fiscales anteriores al año 2019, cuya suma es de 1.629 millones pesos, y el correspondiente al ejercicio fiscal de este año, que asciende a 241 millones de pesos.
Los señalamientos de corrupción de la Policía Federal se refuerzan, luego del arresto en Estados Unidos de Genaro García Luna, quien fue secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón, quien ordenó el cambió de nombre a la corporación al de Policía Federal, con el fin de establecer un brazo operativo para librar la famosa “Guerra contra el narco”.
A García Luna se le acusa de tener nexos con el crimen organizado, de recibir millonarios sobornos del Cártel de Sinaloa y de utilizar a las fuerzas de seguridad para la protección del mismo grupo delictivo.
La Policía Federal también se va sin resolver una gran cantidad de denuncias por tortura y abuso de poder. Tan solo entre 2012 y 20122, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) confirmó 55 casos de tortura, detenciones arbitrarias y retenciones ilegales. Los estados en los que más se reportó la incidencia de tortura por parte de la Policía Federal fueron en Michoacán, Estado de México, Jalisco, Sinaloa, Guerrero y la Ciudad de México.
En septiembre de 2019, el presidente Andrés Manuel López Obrador, ordenó la investigación de la Policía Federal por supuesta corrupción en la compra de un equipo que costaba entre 600 y 800 millones de pesos, pero cuya adquisición costó 2 mil 600 millones.
De manera similar, en septiembre de 2019 la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana solicitó a la Secretaría de Función Pública una auditoría a la Policía Federal, por irregularidades en las cuentas públicas anuales. Aún no se ha aclarado la utilización de unos 50 millones de pesos.
La Policía Federal contaba con 36.000 elementos aproximadamente, distribuidos en la Oficina del Comisionado General, y siete divisiones que eran Inteligencia, Investigación, Seguridad Regional, Científica, Antidrogas, Fuerzas Federales y Gendarmería. También había una Secretaría General, una oficina de Asuntos Internos, 20 coordinaciones, 32 coordinaciones estatales y 66 direcciones generales.
Alfonso Durazo, secretario de Seguridad Pública, aseguró que de los 36.000 elementos, únicamente 15.000 realizaban tareas operativas. Al anunciarse la extinción de esta corporación a fin de trasladar sus elementos a la Guardia Nacional, un grupo de policías inconformes iniciaron un movimiento de resistencia. Cerca de 12.000 elementos negociaron su paso a la nueva corporación o a alguna de las 10 opciones en dependencias gubernamentales que les fueron ofrecidas.
La historia de la Policía Federal inició el 1 de julio de 1928, cuando el entonces presidente Plutarco Elías Calles emitió un decreto para la creación del primer “Escuadrón de Agentes Vigilantes de la Oficina de Tránsito”, que formaba parte de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP).
En 1931, el entonces presidente Pascual Ortiz Rubio elevó la categoría de ese grupo al darle el nombramiento de Policía de Caminos.
Para 1939, durante la presidencia de Lázaro Cárdenas del Río, la corporación se consolidó como la Policía Federal de Caminos y el 27 de julio de 1953 se publicó en el Diario Oficial de la Federación su primer reglamento interno, el cual estableció que dependería de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en lo referente a su organización e instrucción militar.
El 4 de enero de 1999, durante la presidencia de Ernesto Zedillo, la Policía Federal de Caminos se transformó en la Policía Federal Preventiva (PFP), adscrita a la Secretaría de Gobernación (Segob) y al siguiente año fue asignada a la desaparecida Secretaría de Seguridad Pública federal.
El 1 de junio de 2009, bajo la presidencia de Felipe Calderón, se publicó la ley que convirtió a la Policía Federal Preventiva en la Policía Federal, dotada de facultades para realizar investigación preventiva y colaborar con la entonces Procuraduría General de la República (PGR).
En la pasada administración se creó la Oficina del Comisionado Nacional de Seguridad (CNS) y se estableció que la Policía Federal formara parte de la Segob.
